La expansión de la peste porcina africana (PPA) en Europa vuelve a poner en el foco el papel de los cazadores como pieza clave en el control sanitario de la fauna silvestre. Mientras algunas regiones endurecen medidas y elevan incentivos, la comparación entre países deja en evidencia importantes diferencias en el apoyo económico a quienes participan en esta labor.
En Renania del Norte-Westfalia, uno de los estados más afectados de Alemania, la administración ha decidido redoblar esfuerzos tras detectar cerca de 580 jabalíes infectados en apenas diez meses. Frente a ello, unos 45.000 ejemplares analizados han dado negativo, en su mayoría abatidos por cazadores o encontrados muertos.
La respuesta ha sido clara: intensificar la presión cinegética y, sobre todo, mejorar los incentivos económicos para quienes están sobre el terreno.
Alemania duplica las ayudas para frenar la PPA
Las autoridades alemanas han elevado hasta los 200 euros por jabalí abatido en las zonas más sensibles, concretamente en la zona central y la restringida II. En la zona restringida I, la compensación también sube, aunque se queda en 150 euros por animal. El objetivo es claro: frenar la propagación del virus mediante una reducción rápida y eficaz de la población de jabalíes. Para ello, además de la caza, se están utilizando trampas específicas gestionadas por unidades estatales, que permiten capturas con menor impacto.
Los resultados empiezan a notarse. Solo en los distritos de Siegen-Wittgenstein, Olpe y Hochsauerland, los cazadores han abatido más de 13.500 jabalíes desde el inicio del brote en junio de 2025. La propia ministra de Agricultura de Renania del Norte-Westfalia, Silke Gorißen, ha subrayado el papel fundamental del colectivo cinegético: «Seguimos necesitando el pleno apoyo de quienes están autorizados a cazar en la región para combatir la enfermedad animal. Estamos colaborando estrechamente con los distritos para ofrecer incentivos y apoyo adicionales para la caza del jabalí».
España ofrece ayudas más bajas y con condiciones
En contraste, las ayudas en España son notablemente inferiores allá donde las hay y, en muchos casos, más restrictivas. En Aragón, por ejemplo, se ha establecido una subvención de 30 euros por jabalí, aunque no todos los ejemplares son válidos para cobrarla.
La Federación Aragonesa de Caza ha aclarado que quedan fuera de la ayuda los animales destinados al autoconsumo o aquellos que no entren en el circuito autorizado. Es decir, no basta con abatir el animal: es imprescindible cumplir con todo el proceso administrativo y sanitario. Esto incluye el depósito en centros autorizados, el marcado individual con precintos oficiales y la correcta documentación. Si alguno de estos pasos falla, la ayuda se pierde.
Diferencias también en la gestión y el control
Un modelo similar se aplica en la Comunidad Valenciana, donde la compensación asciende a 40 euros por ejemplar, siempre que el animal sea retirado del medio natural y entregado siguiendo el procedimiento establecido.
Aquí, la clave está en la trazabilidad. La captura debe notificarse previamente y el jabalí entregarse a través de la empresa pública VAERSA, que emite el certificado necesario para justificar la ayuda.
El contraste con Alemania no es solo económico. También refleja dos enfoques distintos: mientras allí se apuesta por incentivos directos más elevados para acelerar el control poblacional, en España el sistema pone más peso en la gestión administrativa y sanitaria del proceso. En cualquier caso, la amenaza de la PPA sigue marcando la agenda y obligando a reforzar medidas. Y en ese escenario, el papel del cazador vuelve a situarse en el centro del debate.
