El pasado 9 de agosto, la localidad alemana de Krummhörn, en Frisia Oriental, vivió un episodio que no ha dejado indiferente a nadie. Un grupo de agricultores derribó un aerogenerador de 37 toneladas utilizando únicamente tractores y cuerdas, en una operación improvisada que fue registrada en vídeo y que no tardó en hacerse viral. Las imágenes muestran cómo la estructura, de varios metros de altura, se inclina lentamente hasta caer al suelo con un estruendo que sorprendió a los vecinos de la zona.
La escena, difundida en redes sociales, provocó un aluvión de comentarios que van desde la admiración hasta la condena. Lo que para algunos fue un acto de desafío frente a unas infraestructuras que consideran invasivas, para otros supuso una temeridad con posibles consecuencias legales y medioambientales.
Una demolición entre la legalidad y la polémica
El agricultor propietario del terreno donde se levantaba el aerogenerador sostiene que contaba con un permiso de demolición municipal. Según explicó, antes de ejecutar el derribo se habían retirado los fluidos del sistema, lo que eliminaba el riesgo de contaminación del suelo. No obstante, desde el distrito de Aurich se ofreció una versión contraria: aseguraron que «no fue profesional ni estaba autorizada» y que ya existía un contrato con una empresa especializada para llevar a cabo el desmantelamiento de forma controlada.
Este choque de versiones ha abierto un frente judicial. Las autoridades han ordenado la restauración del terreno y la retirada de los restos conforme a la normativa. Mientras tanto, la policía investiga si el permiso era válido y quién deberá asumir las responsabilidades derivadas de la caída del aerogenerador, cuyo valor económico y ambiental no es menor.
Reacciones encontradas y un debate de fondo
Las imágenes del aerogenerador desplomándose han recorrido Europa y han servido de combustible para un debate que trasciende lo ocurrido en Krummhörn. Personalidades públicas como el exdiputado alemán Ralf Dekker no ocultaron su entusiasmo: «Es hermoso verlo». En la misma línea se expresó el expsicólogo Steve van Herreweghe: «No puedo evitar disfrutar esto. Desháganse de esas cosas horribles, feas y destructivas».
Estas declaraciones, lejos de apagar la polémica, han agitado una discusión que afecta a todo el continente. La implantación de energías renovables, y en particular de la eólica, genera división entre quienes defienden su papel imprescindible en la transición energética y quienes critican su impacto sobre el paisaje, la biodiversidad y la vida rural.
@jara_y_sedal 🚜💥 Agricultores derriban con tractores un molino eólico de 37 toneladas. ⚖️🌬️ #Agricultores #MolinoEolico #EnergíaRenovable #Polémica ♬ sonido original – Jara y Sedal
España, entre la transición energética y los conflictos sociales
El episodio alemán encuentra eco en España, donde la expansión de las energías renovables también provoca fricciones. Con más de 22.000 aerogeneradores y 50.000 hectáreas de parques solares, la falta de planificación y el despliegue acelerado han generado tensiones en numerosas comunidades. Agricultores, ganaderos y colectivos ecologistas denuncian daños a la biodiversidad, con estimaciones de hasta 4,6 millones de aves muertas cada año por colisiones.
El conflicto se agudiza en territorios donde las infraestructuras energéticas se superponen a paisajes agrícolas o naturales de gran valor. En Jaén, por ejemplo, la instalación de plantas solares amenaza con la tala de miles de olivos centenarios, mientras que en el Maestrazgo, entre Teruel y Castellón, un megaproyecto eólico ha encontrado un rechazo mayoritario de la población local, que teme perder tanto patrimonio ambiental como atractivo turístico.
El caso de Krummhörn simboliza un dilema común: cómo avanzar en la descarbonización sin sacrificar la cohesión social ni el equilibrio ambiental. El proceso judicial en Alemania marcará un precedente que podría tener repercusiones más allá de sus fronteras.