El caso ha puesto sobre la mesa un debate complejo entre la actividad agraria y la protección del patrimonio histórico, después de que un vecino de Aldeanueva de Ebro, de 53 años, haya sido señalado por la Guardia Civil como presunto responsable de daños graves en el yacimiento romano de ‘La Torrecilla’, en el término municipal de Calahorra.
Los hechos se remontan a los trabajos de preparación del terreno que el agricultor llevó a cabo en varias parcelas del polígono 47. Durante estas labores, destinadas a la plantación de viñas, se realizaron labores de roturación y la instalación de un sistema de riego, actuaciones que, según la investigación, afectaron directamente a restos arqueológicos.
Pese a que la existencia de este enclave romano era conocida desde hace décadas, lo cierto es que el terreno carecía de señalización visible que delimitase el yacimiento, un detalle que ahora añade matices a un caso con posibles consecuencias penales.
Daños graves en un enclave protegido
La Guardia Civil, a través del Seprona, sostiene que las actuaciones realizadas han provocado un deterioro significativo. Según han señalado los agentes: «Las obras realizadas por el implicado han alterado y deteriorado gravemente el yacimiento, lo que se considera un daño, lesión o menoscabo al Patrimonio Arqueológico. Este impacto se agrava al haberse llevado a cabo dentro de una zona delimitada como Bien de Interés Cultural (BIC), con la consecuente pérdida irreparable de información histórica sobre materiales que pudieron formar parte de diversas estructuras de la época romana».
Tras detectarse los hechos, especialistas en arqueología se desplazaron hasta la zona para evaluar el alcance de los daños. Su informe confirmó la destrucción de numerosos fragmentos cerámicos y restos constructivos de época romana, algunos de ellos de gran valor para la reconstrucción histórica del asentamiento.
El problema, según fuentes cercanas al caso, es que estos daños no solo afectan a piezas materiales, sino también a la información que contenían, ya que su contexto arqueológico ha quedado alterado de forma irreversible.
Posibles consecuencias penales
El agricultor se enfrenta a una posible imputación por delito contra el patrimonio histórico. El artículo 323 del Código Penal establece que «será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos».
Además, las investigaciones apuntan a que el implicado habría realizado estas obras sin contar con las autorizaciones necesarias, que debían haber sido emitidas tanto por el Ayuntamiento de Calahorra como por la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja.
Ante esta situación, se ha activado el protocolo de comunicación con la Dirección General de Cultura, que será la encargada de determinar el alcance exacto de los daños. La administración prevé realizar nuevas prospecciones arqueológicas para calcular qué parte del yacimiento ha sido destruida y valorar tanto el impacto cultural como el económico.