La utilización ilegal de variedades vegetales protegidas ha vuelto a situarse en el foco tras una operación de la Guardia Civil en la provincia de Lleida. Un agricultor de la comarca del Segrià fue detenido por cultivar sin licencia cerca de 5.000 árboles de una nectarina registrada, una práctica que puede tener graves consecuencias penales y económicas.
La investigación se inició en febrero de 2025 a raíz de una denuncia presentada por la empresa titular de los derechos de la variedad nectadiva, una nectarina de alto valor comercial, conocida por su recolección tardía y resistencia a la manipulación. Desde ese momento, los agentes pusieron en marcha un seguimiento discreto sobre varias explotaciones agrícolas de la zona.
Las primeras comprobaciones condujeron a tres fincas donde se sospechaba que se estaban utilizando injertos no autorizados. Durante meses, los investigadores realizaron una minuciosa labor de campo antes de dar el siguiente paso.
La actuación policial se enmarca en la denominada operación ‘Mochilo’, centrada en combatir este tipo de fraudes agrícolas que afectan directamente a los derechos de obtentor y generan competencia desleal dentro del sector.
Análisis genético y pruebas clave
Los agentes tomaron muestras de los árboles sospechosos y las remitieron al Centro de Investigación Agrogenòmica del IRTA, donde se llevaron a cabo los análisis genéticos. Los resultados fueron concluyentes: el ADN de las plantas coincidía exactamente con el de la variedad protegida nectadiva.
Según informó la Guardia Civil en un comunicado oficial, «el proceso consistía en reproducir y acondicionar, a través de injertos o inoculaciones, variedades vegetales protegidas sin el consentimiento de los propietarios de esos títulos de protección». Este dato fue determinante para sustentar la acusación.
En total, se contabilizaron unos 5.000 árboles repartidos en tres parcelas, todos ellos cultivados sin haber abonado el canon obligatorio que exige la normativa vigente para este tipo de variedades registradas.
Detención y posibles sanciones penales
Meses después de iniciarse la investigación, y bajo la tutela del juzgado de instrucción número 2 de Lleida, la Guardia Civil procedió a la detención del agricultor, que fue trasladado a dependencias policiales para prestar declaración. Tras ello, quedó en libertad a la espera de nuevas diligencias judiciales.
Aunque se trata de un delito poco conocido fuera del ámbito agrícola, la reproducción no autorizada de obtenciones vegetales está claramente tipificada. La Ley 3/2000 contempla sanciones administrativas que pueden llegar al decomiso del material vegetal, pero si los hechos se consideran delito contra la propiedad industrial, entra en juego el artículo 274.4 del Código Penal.
En ese supuesto, el investigado podría enfrentarse a penas de uno a tres años de prisión y a una multa de 12 a 24 meses. La cuantía final depende de la capacidad económica del acusado, con cuotas diarias que oscilan entre 2 y 400 euros, lo que sitúa la sanción total en una horquilla que puede alcanzar los 288.000 euros, tal y como ya recogió un auto de la Audiencia Provincial de Ávila de 10 de enero de 2019 en un caso similar.