Los cazadores a menudo se lamentan de las nuevas prohibiciones o limitaciones que van llegando a la actividad cinegética sin saber muy bien por qué se imponen o quién está detrás. Si hacemos un símil con La casa de papel, una de las series de mayor éxito de Netflix, podríamos pensar que hay un profesor al que nadie conoce diseñando un plan para acabar con la caza en España. Y no le falta razón. Pero esta serie de ficción que parecemos estar viviendo no tiene como protagonistas a Tokio, Berlín, Nairobi o Estocolmo. Aquí, el papel principal, lo tiene Bruselas.
Las grandes decisiones que afectan al mundo de la caza y la conservación proceden de la Unión Europea, pues los estados miembros han de implementar la normativa comunitaria. Estos son los organismos que deciden qué especies deben ser protegidas, qué modalidades prohibirse…
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
Integrada por más de 1.400 organizaciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, en la actualidad cuenta con seis comisiones: Educación y Comunicación, Gestión de Ecosistemas, Política Ambiental, Económica y Social, Derecho Ambiental, Áreas Protegidas y Supervivencia de las Especies. Esta última es la que proporciona la información que posteriormente sustenta la clasificación de las especies en la Lista Roja de Especies Amenazadas. No obstante, los miembros de la UICN también participan directamente en esta labor a través de su asesoramiento científico.
Además, cuenta con comités territoriales, como por ejemplo el español, que está compuesto por 41 entidades, tanto públicas como privadas, como el MITERD, la Fundación Biodiversidad, WWF España, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Grefa. FACE, la Federación de Asociaciones de Caza y Conservación de la Unión Europea en la que está integrada la RFEC –Manuel Gallardo fue nombrado recientemente su vicepresidente–, es el representante de los cazadores en este organismo.
Comités Hábitats y Ornis
El Comité Hábitats asiste a la Comisión Europea (CE) en la aplicación de la Directiva Hábitats y es responsable de emitir cada año un documento sobre la lista borrador de proyectos LIFE-Naturaleza que se financia actualmente. Por su parte, el Comité Ornis informa a la CE sobre la aplicación de la Directiva Aves. El peso de los documentos elaborados por sendos organismos es de tal importancia que, por ejemplo, ha provocado que se ponga en jaque la media veda en nuestro país.
En el seno de dichos comités se han constituido diferentes grupos de trabajo cuya finalidad es la de interpretar ciertos aspectos que se recogen en las Directivas Hábitat y Aves. Entre ellos destacan el Grupo de Coordinación sobre Biodiversidad y Naturaleza (GCBN) y el Grupo de Expertos en las Directivas sobre Aves y Hábitats (NADEG). Desde el 2018 Fundación Artemisan ha podido estar presente en las reuniones del comité NADEG a través de la Organización Europea de Propietarios de Terrenos (ELO, en sus siglas en inglés).
El Consejo y la Comisión Estatal para el Patrimonio y la Biodiversidad
Un año después de la aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se creó el Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como un órgano de participación pública en el ámbito de la conservación y el uso sostenible del medio ambiente. ¿Su principal cometido? Informar, antes de su aprobación, de las normas y planes de ámbito estatal relativas al patrimonio natural y a la biodiversidad, entre las que se encuentran las estrategias de restauración de los hábitats en peligro de desaparición, la declaración de espacios naturales protegidos de ámbito estatal, las estrategias de conservación de especies amenazadas presentes en más de una comunidad autónoma o las de gestión, control y posible erradicación de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, entre otras.
Cinco de los 35 vocales que componen este consejo se corresponden con representantes de organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal vinculadas a la conservación uso sostenible del patrimonio natural: Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace, Amigos de la Tierra y WWF/Asociación de Defensa de la Naturaleza (ADENA). Sin embargo, en este organismo únicamente están presentes dos organizaciones pertenecientes al sector cinegético: la Real Federación Española de Caza y APROCA España.
Por su parte, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad tiene, entre otras funciones, proponer al ministerio competente en materia de medio ambiente la inclusión, cambio de categoría o exclusión de un taxón o población del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Está integrada por un representante del ministerio competente en asuntos exteriores y cooperación, un representante de cada comunidad autónoma y de las ciudades de Ceuta y de Melilla y el director general de medio natural o cargo de análoga naturaleza, que es quien ejerce su presidencia. Esta comisión fue la encargada de proponer la inclusión de todas las poblaciones del lobo en el citado Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Consejos regionales de caza
Sus dictámenes son escuchados previamente a la aprobación o modificación de la normativa cinegética de carácter autonómico, como ordenes de vedas, leyes y reglamentos de caza… Los representantes de las organizaciones ecologistas son mayoría en los consejos de casi todas las regiones. Sin embargo, las decisiones que se adoptan en estos consejos no son vinculantes y, por ende, la última palabra siempre la tiene cada gobierno autonómico.
Por ejemplo, el sector ecologista únicamente cuenta con un representante, de SEO/BirdLife, en el Consejo Regional de Caza de Castilla-La Mancha, pero sus alegaciones, en contra de la mayoría de las del resto de miembros, fueron suficientes para que, por ejemplo, el año pasado el gobierno regional disminuyese sobremanera el número de capturas de la tórtola, reduciéndolo a cinco por cazador y día, impusiese una serie de restricciones absurdas en su aprovechamiento cinegético y estableciese un periodo hábil para su caza de únicamente dos fines de semana. Durante esta media veda la tórtola no podrá cazarse en todo el territorio nacional.
De especie cinegética a protegida: así consiguen su objetivo los anticaza
La línea de estrategia que siguen las organizaciones ecologistas para intentar lograr la protección de una especie casi siempre es la misma. En primer lugar, instan su inclusión en la Lista Roja de la UICN (no podemos olvidar que las más representativas pertenecen a su comité español). Para ello aportan sus propios estudios, informes, censos… Una vez que consiguen este primer objetivo emplean todas sus armas de presión hacia el Gobierno para que éste proceda a su protección, alegando, entre otros extremos, que la especie en cuestión se encuentra incluida en la Lista Roja de la UICN. En el ámbito político, cuentan con la inestimable ayuda de Unidas Podemos, que, no olvidemos, forma parte del propio Gobierno.
Además, no dudan en formular quejas formales ante la Comisión Europea denunciando supuestos incumplimientos de las directivas comunitarias por parte del Estado español y solicitando la incoación de expedientes sancionadores. Al mismo tiempo, presentan la propuesta de protección de la especie en cuestión ante la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos logran su objetivo final.