En las últimas semanas hemos conocido algunas noticias sobre una iniciativa que, promovida desde la Unión Europea al amparo de informes remitidos desde grupos ecologistas, tendría la intención última de prohibir la caza de la perdiz roja (Alectoris rufa) en España, previo dictamen del denominado comité NADEG –el grupo de expertos sobre las Directivas Aves y Hábitats de la Comisión Europea en el que están representados todos los estados miembros y organizaciones relacionadas con esta temática–. En él se tratan y discuten todos los aspectos relevantes de las políticas comunitarias que están relacionadas con las aves, tanto cinegéticas como no cinegéticas.
Así, en este grupo se tratan temas tan diversos como el impacto de las políticas agrarias y forestales en las aves, las figuras de protección de territorio y especies –Red Natura y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)–, la monitorización y estado de conservación de las especies y, cómo no, todo lo que tenga que ver con su aprovechamiento cinegético, incluyendo los períodos hábiles, los planes de acción y planes de caza adaptativa –como ha sido el caso de la tórtola común o europea– y el control de ciertas especies, por citar unos ejemplos. El NADEG está presidido por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, siendo por tanto un importante órgano que asesora en estos asuntos y en el que se toman decisiones que, posteriormente, tienen influencia directa en las votaciones y resoluciones que se producen en el Parlamento Europeo.
La situación actual de la perdiz roja
La perdiz roja es un ave que de forma natural sólo se encuentra en el suroeste de Europa. España alberga alrededor del 83% de la población mundial, Portugal cerca del 12% y Francia aproximadamente el 4%, con pequeñas poblaciones en el noroeste de Italia y Andorra, así como una población introducida en Reino Unido –que no se utiliza para las evaluaciones poblacionales–.
Según los datos globales que maneja BirdLife International –a la que pertenece SEO/BirdLife y otras tantas organizaciones ornitológicas de Europa–, la perdiz roja ha disminuido en los últimos diez años en un 40-45%, y el declive continúa. Este es un motivo suficiente para darle un mayor grado de protección, en concreto a especie vulnerable, lo que quiere decir que tendría una alta probabilidad de pasar a estar en peligro de extinción. El año pasado, cuando se abrió un debate en Europa sobre su estado de conservación –en pleno confinamiento–, estuvo a punto de ser catalogada como vulnerable, pero finalmente se etiquetó en la categoría previa, casi amenazada, por la falta de estudios para comprender la situación que vive.
En general, los ecologistas tienden a hacer culpable a la actividad cinegética de su situación, mientras se obvian, quizá de forma interesada, otras causas principales, vinculadas fundamentalmente a alteraciones drásticas en los hábitats donde se encuentran y que no son ajenas a otras aves esteparias no cinegéticas que cuentan con declives incluso mucho más acusados que los que señalan las entidades ecologistas para la propia perdiz roja.
¿Qué pasaría si se prohibiese su caza?
No tenemos una bola de cristal para adivinar el futuro, pero pensamos que si se prohibiera su caza la perdiz roja dejaría de existir en amplias zonas de nuestra geografía o bien pasaría a ser una especie testimonial. Esto se debe a que en muchos cotos desaparecería la gestión dirigida a sus poblaciones, incluyendo gestión del hábitat, control de predadores oportunistas y aporte de agua y comida, que permiten que las densidades se incrementen para alcanzar un superávit de perdices para su caza sostenible.
Hay que recalcar que en muchas comarcas se han mantenido paisajes de alto valor ecológico por la existencia de perdices y un interés por su caza, que de otra manera hubieran desaparecido. Y, además, junto con paisajes a gran escala, muchos cotos mantienen elementos diversificadores de paisaje –ecotonos como linderos y ribazos– pensando en la reproducción de patirrojas y otras especies. En resumen, es muy fácil prohibir la caza de cualquier especie; lo complicado es aportar soluciones prácticas y dotar de suficientes recursos económicos para cambiar la situación.
Cuando prohibir la caza no es la solución
Un buen ejemplo de fracaso tras la prohibición de la caza de una especie es nuestra querida pero desconocida perdiz pardilla ibérica (Perdix perdix), presente aún en la Cordillera cantábrica, el Sistema Ibérico y los Pirineos. En este último enclave, la especie se ha seguido cazando y gestionando, y así, tanto en la vertiente francesa como en Cataluña y el Valle de Arán, las pardillas, o xerras, siguen siendo protagonistas de lances de infarto. En cambio, en el resto de montañas fueron abandonadas a su suerte a partir de final de los años 1990… y adivinen qué pasó: salvo algunas poblaciones concretas –como Sanabria– y relictos en León y Palencia, los datos establecen que las pardillas siguen yendo a menos porque no hay nadie que gestione y limpie los hábitats de montaña otrora favorables para la especie. La población del Sistema Ibérico ha sido recientemente declarada en peligro de extinción.
Podríamos hablar también del urogallo, tanto pirenaico como cantábrico –ahora viviendo al límite–. Resulta hiriente que desde algunos colectivos se siga afirmando que la caza ha sido un factor determinante cuando estas especies llevan vedadas 40 años, sin querer reconocer que los hábitats de los gallos han desaparecido y los depredadores y competidoras se han incrementado exponencialmente. Pero es más fácil echar la culpa a la caza y, por supuesto, al cambio climático. Es evidente que una regulación más restrictiva de los aprovechamientos puede ser necesaria en algunos casos, y todos conocemos cotos que un día decidieron ‘parar’ para recuperar… pero gestionando al mismo tiempo.
