Debido a la crisis sanitaria del coronavirus muchos cazadores no han podido acudir al coto durante más de dos meses, especialmente aquellos que tienen corzo o esperas de jabalí. ¿Qué sucede con el dinero del arrendamiento? ¿Puedo negarme a pagarlo? ¿Estoy en mi derecho? Analizamos esta cuestión.
La crisis sanitaria del coronavirus está dejando a muchos aficionados a la actividad cinegética sin cazar y a muchos titulares de cotos sin cobrar. ¿Tienen derecho los cazadores a negarse a pagar la totalidad del importe de arrendamiento del aprovechamiento cinegético?
¿Está el propietario o titular del terreno en el derecho de reclamar el 100% de lo pactado aunque el cazador no haya podido salir a cazar debido al estado de alarma? Jara y Sedal se ha puesto en contacto con el abogado especializado en caza Jaime Valladolid, quien responde a estas preguntas.
«Buena pregunta y complicada respuesta»
«Buena pregunta y complicada respuesta», comienza relatando Valladolid que en primer lugar recomienda«observar las cláusulas pactadas en el contrato para comprobar si establece alguna previsión al respecto». En caso afirmativo, simplemente habrá que seguir lo indicado en el acuerdo. Aunque lo más probable es que este tipo de situaciones no se encuentren contempladas.
Según Jaime Valladolid, «hay una regla recogida por la doctrina jurisprudencial ante situaciones de incumplimientos en la celebración de los contratos y que opera como una causa de fuerza mayor cuando concurre la imprevisibilidad de un evento inesperado que viene a modificar las circunstancias iniciales del contrato».
No obstante recuerda que «los tribunales son muy restrictivos en cuanto a su aplicación. De hecho, por ejemplo, la última crisis económica no fue considerada como evento imprevisible e inesperado y no se pudo argumentar como excusa para incumplir los contratos».
La pandemia sí puede considerarse un hecho imprevisible
Valladolid cree que, a priori, en el caso de la pandemia, sí podría aplicarse esta regla, pues se cumplen todos los requisitos doctrinales para ello:
a.- Se trata de una circunstancia ajena a lo pactado.
b.- No hay culpa del afectado por la pandemia de coronavirus.
c.- Resulta de forma sobrevenida e inesperada.
d.- No era un riesgo previsible. No se podría prever.
e.- La incidencia de los efectos del virus es relevante y grave.
f.- Se manifiesta con una inusitada beligerancia en la imposibilidad de cumplir el contrato conforme a lo pactado.
g.- El principio de buena fe determina que el afectado por el virus actuó de buena fe y no colaboró en la imposibilidad de cumplir conforme a lo pactado.
h.- Esta relación entre el principio de buena fe y la cláusula rebus sic stantibus ya ha sido reconocida por el TS caso, entre otras, de la Sentencia de 21 de mayo de 2009 (núm. 1178/2004).
Por lo tanto, esta causa de incumplimiento sí podría apreciar por la vía del art. 1105 CC como de fuerza mayor, bajo el cual «Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, fueran inevitable».
Acuerdo entre cazadores y dueño del coto
Así pues, desde un punto de vista jurídico, lo más justo sería ofrecer una suspensión temporal del contrato y una moratoria en la vida del mismo a fin de que pueda cumplirse cuando desparezcan las causas que en la actualidad imposibilitan su cumplimiento y que son ajenas al cazador.
También es lo que dicta el sentido común. Por un lado tenemos a quienes han perdido dos meses de aprovechamiento cinegético que son irrecuperables. Por otro, los propietarios o titulares de las fincas ven cómo una situación que probablemente no estaba recogida en el contrato puede llevarles a perder dinero. ¿Cuál es entonces la solución? El diálogo y la solidaridad.
Lo más justo es que las dos partes cedan y ajusten el coste del arrendamiento al aprovechamiento real que se ha obtenido del mismo. No hay que olvidar que nos aproximamos a una profunda crisis económica y siempre es mejor perder un poco que perderlo todo.
En un momento en el que cazadores, gestores y propietarios de fincas han mostrado su solidaridad para luchar contra la crisis sanitaria del coronavirus, una vez más deberíamos mostrar nuestra mejor cara y llegar a un acuerdo. Se trata de una situación de excepcionalidad en la que todos deberíamos poner de nuestra parte.