El presidente de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), Felipe Vegué y el coordinador de la entidad y presidente de la RFEC, Manuel Gallardo, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle las reivindicaciones del sector cinegético ante una situación que se hace «cada vez más insostenible para la actividad», y exigirle una reunión urgente en la que se aborden estos asuntos.
Vegué y Gallardo han recordado a Sánchez que el sector cinegético representa directa o indirectamente a 2 millones de personas y que, por ello, «no es razonable, ni justo, que un gobierno sacrifique a un grupo de sus ciudadanos en pro de la búsqueda de un voto urbano que está alejado del mundo rural».
La retirada del anteproyecto de Ley de Protección y Derechos de los Animales y del Real Decreto de Núcleos Zoológicos, el fin de la prohibición de la caza en Parques Nacionales y de la tórtola, o la eliminación del concepto de empatía con los animales en la Ley de Educación son algunas de las peticiones que se han trasladado a la Moncloa.
«Es evidente que la situación se hace cada vez más insostenible y esperamos que nuestro Gobierno actúe antes de que surja el conflicto social» ya que, de no hacerlo así, “ocurrirá lo que aún se puede evitar». De esta forma la ONC recuerda a Sánchez que todos los cazadores y el mundo rural están llamados a una gran movilización el próximo 20 de marzo en Madrid para que cesen los ataques con los que se quieren terminar con una actividad que genera más de 6.475 millones de € de Producto Interior Bruto (PIB), y crea más de 187.000 puestos de trabajo.
La España VaciLada
Como miembros del movimiento La España VaciLada, la Oficina Nacional de la Caza y la Real Federación Española de Caza (RFEC) han trasladado a Sánchez el manifiesto de un sector cinegético que se considera gravemente perjudicado por las políticas animalistas y conservacionistas del Gobierno. En el documento se denuncia, entre otros agravios, que determinados intereses minoritarios están copando espacios comunicativos y haciendo gran presión en la toma de decisiones de la Administración, cuya legislación está imponiendo prohibiciones y limitaciones que pretenden acabar con la caza en nuestro país.