Un error administrativo y una decisión apresurada terminaron saliendo muy caro a un agricultor de Palencia, que fue multado con 10.000 euros por haber roturado sin permiso una zona protegida del “Páramo de la Castañeda”, en el término municipal de Cevico de la Torre. La actuación se produjo en 2018 sobre unas 30 hectáreas de praderas naturales, parte de un Área de Interés para las Aves (IBA), donde habita la alondra ricotí, una de las aves más amenazadas de Europa.
El caso fue destapado tras la sentencia definitiva que daba la razón a Ecologistas en Acción, impulsores de la denuncia inicial. La Junta de Castilla y León confirmó la sanción, que no solo incluye la multa económica, sino también la obligación de restaurar el entorno dañado y cesar cualquier actividad agrícola en esa superficie, en aras de preservar los valores naturales del enclave.
Un error de procedimiento
Según ha podido saber Jara y Sedal tras consultar la documentación judicial, el terreno afectado había sido cultivado por última vez en 1984. Años más tarde, en el procedimiento de concentración parcelaria, pasó a estar clasificado como tierra de secano. En ese contexto, el agricultor solicitó el cambio de uso del suelo y abonó la tasa correspondiente para la roturación, pero cometió un error clave: no esperó a la resolución administrativa antes de comenzar los trabajos.
La roturación afectó de lleno al hábitat de la alondra ricotí (Chersophilus duponti), una especie que depende de los espacios esteparios intactos, con vegetación baja y escasa intervención humana, para nidificar. Junto a ella, también se vieron perjudicadas otras aves esteparias como sisones, alondras, calandrias y alcaravanes, muchas de ellas en diferentes grados de amenaza.
Denuncia ecologista y sanción
La denuncia fue formulada inicialmente por un particular ante el SEPRONA de la Guardia Civil. A partir de ahí, se sumaron informes de agentes medioambientales y la denuncia formal de Ecologistas en Acción, que pusieron en marcha el expediente sancionador.
En mayo de 2021, el Delegado Territorial resolvió el caso: 10.001 euros de multa más la exigencia de restauración ambiental.
Silencio ante otros proyectos más agresivos
Sin embargo, no todos entienden la misma contundencia ante otros proyectos de mayor calado. Es el caso del macroproyecto fotovoltaico en Almargen (Málaga), autorizado por la Junta de Andalucía en un terreno donde habita otra especie en peligro de extinción: el sisón común (Tetrax tetrax).
Organizaciones como la Federación Andaluza de Caza y la Fundación Artemisan presentaron alegaciones al considerar que esta planta solar arrasaría un enclave vital para la especie, además de truncar una iniciativa de recuperación de la perdiz roja.
La alondra ricotí y el sisón son aves que apenas sobreviven en contados enclaves de la Península. La contradicción entre la presión sobre el mundo rural y el silencio ante proyectos industriales, aunque tengan sello verde, sigue generando una sensación de agravio comparativo que no deja indiferente a los defensores del campo.
