La Oficina Nacional de la Caza acaba de mover ficha en uno de los temas que más han sacudido a los cazadores en los últimos tiempos: los mensajes de odio en las redes sociales. Concretamente, ha propuesto al Parlamento una modificación del Código Penal para regular este tipo de delitos y evitar que queden impunes. Hablamos con Felipe Vegué, su presidente, para conocer mejor su propuesta.
Pregunta. El título del informe elaborado por la ONC habla por sí solo: Una propuesta de reformar los delitos de odio: la necesidad de proteger al colectivo de cazadores español. ¿‘Sale gratis’ hoy atacar la libertad, el honor y la dignidad de colectivos como el de la caza, la pesca o los toros? ¿Por qué hablamos de colectivos desprotegidos? ¿Cuál es la explicación a la impunidad?
Respuesta. Claro que sale gratis, y estamos totalmente desprotegidos. La administración solo considera tomar actuaciones judiciales en determinadas ocasiones, y siempre dependiendo de qué color político sea el atacado. No interesa entender que las normas sobre el honor y dignidad de las personas también son necesarias dentro de una democracia.
En general, los diferentes grupos que interactúan con el mundo rural, están siendo atacados, unos con más virulencia que otros. Solo si te encuentras o interactúas con las nuevas corrientes como el animalismo o el veganismo tienes la anuencia del estado. Además estos movimientos cuentan con la soberbia que proporciona la impunidad. Pese a las numerosas denuncias, ataques y vejaciones a miembros del colectivo, no hay una sola condena aún. La impunidad es rampante.
P. La ONC lucha contra los delitos de odio desde su fundación, llegando a reunirse en varias ocasiones con la Fiscalía General del Estado. A finales de 2018 usted firmaba una carta dirigida a la fiscal general del Estado, María José Segarra, quien le mostró su disposición a cooperar y planteó la posibilidad de modificar el Código Penal para tipificar este tipo de delitos. ¿Han mantenido contactos con esta institución para la elaboración de este informe?
R. Más que contactos, contestaciones que no dejan ningún resquicio a la esperanza de un intento de solución. Estuvimos reunidos tanto con José Manuel Maza, el anterior Fiscal General del Estado, muy sensible al problema, como con el Fiscal de Sala de los delitos de odio. Sin embargo, no han dejado de producirse cambios que han truncado la que en un momento fue una relación de interlocución continua. Tanto yo como los anteriores presidentes de la ONC –Juan Antonio Sarasqueta y Santiago Iturmendi–, hemos sido muy activos con este asunto.
«Se está creando un caldo de cultivo que intenta justificar el vandalismo y las agresiones hacia estos colectivos».
P. ¿Cuáles son los argumentos que justifican la modificación del Código Penal para proteger a colectivos como el de los cazadores.
R. Los argumentos ya son demanda de una parte social muy numerosa: taurinos, cazadores, pescadores, ganaderos, etcétera, con derechos consolidados al menos desde hace 2000 años. Es el caso de los cazadores y los ganaderos, que están sufriendo una nueva forma de discriminación social, un odio manifiesto que está creando un caldo de cultivo que intenta justificar el vandalismo y las agresiones hacia estos colectivos.
No podemos seguir en esta situación de «no pasa nada». Nuestros derechos no son distintos de los otros ciudadanos atacados por cuestión racial. Como sociedad no podemos permitir casos como el de Mel Capitan.
P. ¿Qué modificación del Código Penal proponen en su informe?
R. Contemplar los delitos de odio y su tipificación en base a la gravedad ya existente. Modificar el art. 510, primero para incluir a nuestros colectivos y segundo para establecer penas con proporcionalidad al ataque bien de cárcel o de multas.
P. También piden una revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿En qué consistiría?
R. Nuevos tiempos nos traen nuevos delitos. La Ley de Seguridad Ciudadana debe garantizar la protección de todos los españoles frente ataques gratuitos de odio y contribuir al orden social, en este contexto los derechos del individuo deben ser indisolubles de su libertad.
P. Hace un año fue noticia la primera persona detenida por lanzar mensajes de odio hacia los cazadores. No hemos encontrado más casos.
R. El caso al que se refiere son unas diligencias penales abiertas por un Juzgado de Instrucción de Tomelloso. La Federación de Castilla-la Mancha, miembro de la ONC, se ha personado. La Audiencia Provincial ha reconocido su derecho a estar en el proceso. En este caso, el juez y la fiscalía ponían muchas pegas. La audiencia dictó un auto muy interesante, declarando el derecho a personarse.
«Sabemos las medidas que se están empezando a aplicar en Francia, con tipificaciones penales, y en Alemania o Inglaterra con sentencias condenatorias».
P. ¿Tienen información de cómo se castigan este tipo de delitos en otros países europeos?
R. Sabemos las medidas que se están empezando a aplicar en Francia, con tipificaciones penales, y en Alemania o Inglaterra con sentencias condenatorias. En otros países, incluso, se consideran terrorismo los actos de algunos grupos especialmente violentos y extremistas.
P. El informe está en manos de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento. ¿Han mantenido algún tipo de comunicación con ellos? ¿Han recibido algún tipo de respuesta?
R. El acuse de recibo de algunos grupos ya lo tenemos, pero será cuando acaben las medidas de confinamiento cuando exigiremos se produzcan encuentros con los parlamentarios para tratar mejor el asunto y hacerles ver lo acuciante del tema. Es un trabajo a favor de todo el colectivo y en beneficio de todo el sector. Hemos sembrado la semilla. Ahora hay que seguir cuidando que germine y de fruto.
P. ¿Han mantenido algún tipo de contacto al respecto con el Gobierno?
R. En la anterior legislatura sí. En esta no, por el momento. Esperemos que este trabajo sirva de refresco y sigamos exigiendo en los cauces oportunos diálogo y resultados.
P. Por último, ¿cómo pueden apoyar esta iniciativa los cazadores?
Son, junto a taurinos y ganaderos los más importantes de esta historia. Debemos inundar las redes sociales con una campaña de mensajes reivindicativos para que los delitos de odio contra nosotros sean castigados. Necesitamos apoyos para convencer a la clase política de que debe revertir esta sensación de impunidad del «todo vale» que tienen en las redes sociales los intolerantes.