Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF se reunieron ayer con la vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que han hecho entrega de un documento con 30 propuestas medioambientales para que el Gobierno apruebe en los 100 primeros días.
Este documento recoge 30 propuestas que se enmarcan en cinco temáticas: nuevo marco para la transición ecológica, nuevo modelo de desarrollo, residuo cero, emergencia climática y calidad de vida. Pero bajo esos enunciados eufemísticos se esconden, principalmente, medidas para reforzar sus privilegios y poder y atacar a la caza.
La primera medida de todo el documento es para aumentar el poder de ellas mismas. Solicitan incorporarse a la Oficina de Perspectiva de la Moncloa, un organismo de reciente creación desde el que poder predecir y diseñar el futuro de España y que tendrá una importante influencia en las políticas del Gobierno.
Impuestos para el mundo rural y para la caza a través de la Ley de Fiscalidad Ambiental
Las organizaciones ecologistas han recuperado en este documento una petición que ya lanzaron al Gobierno hace ahora un año: una Ley de Fiscalidad Ambiental. Aunque el texto presentado ahora lo han omitido, en su petición original solicitaban imponer nuevos impuesto a cazadores, ganaderos y resto del mundo rural y subir el precio del gasoil, al tiempo que rebaja la presión fiscal sobre sus propias organizaciones ecologistas.
Por otro lado, proponen un «plan de eliminación de subsidios contrarios a la biodiversidad». Esto, en la práctica, puede significar el fin de subvenciones a entidades que ellos consideren son contrarias a la biodiversidad, como pueden ser las relacionadas con la actividad cinegética.
Propuestas para frenar la Biodiversidad: recibir más dinero y reformar el Código Penal
El apartado número 5 está dedicado a «Poner en marcha medidas urgentes para frenar la biodiversidad». La primera de todas es dotar el Fondo de Patrimonio Natural y Biodiversidad con, al menos, el 1% del presupuesto de la obra pública e identificar los 20 subsidios contrarios a la biodiversidad más importantes y llevarlos al CAMA», el Consejo Asesor del Medio Ambiente en el que ellos participan con exclusividad y una notable influencia. Influencia que no dudan en utilizar para que evitar que a él se incorporen nuevos miembros de otros ámbitos de la sociedad civil relacionados con la conservación de la naturaleza, como es el caso de los cazadores. Todo ello, a pesar de que la existencia de este organismo se basa en las conclusiones del Principio 10 de la Conferencia de Río, que establece que «la mejor manera de gestionar los asuntos medioambientales es contar con la participación de todos los ciudadanos».
Otra de las cuestiones que consideran de urgente necesidad es reformar el Código Penal para, entre otras cosas, incorporar como delito el maltrato a animales salvajes. Como ya hemos alertado en Jara y Sedal desde que Podemos lanzara esta propuesta en enero de 2018, esta medida supondría en la práctica una prohibición encubierta de la caza, al menos en los términos en los que la propuso la formación de Pablo Iglesias en aquel momento. En cualquier caso, es una más de las medidas anticaza propuestas por estas organizaciones, que también han pedido a Teresa Ribera que prohiba totalmente la munición de plomo en sus primeros 100 días de Gobierno.
