Recuerdo con nostalgia el primer procedimiento penal en el que me personé como acusación particular en defensa de los derechos e intereses del titular de una finca víctima de un delito de furtivismo. Han pasado varios años y, aunque el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal han sido reformados en diversas ocasiones, lo cierto es que las penas aplicables a estos delitos apenas han cambiado.
A día de hoy, la posibilidad de que un furtivo termine en prisión es remota y suele limitarse a aquellos casos en los que el acusado acumula antecedentes penales no cancelables o cuando su conducta encaja también en otros delitos, como la pertenencia a organización criminal o la tenencia ilícita de armas.
Su modus operandi
Muchas de las detenciones derivan de actuaciones policiales específicas desarrolladas en campañas destinadas a prevenir estos delitos, casi siempre coincidentes con la apertura de los periodos hábiles para especies como el ciervo en berrea o el gamo en ronca. En la mayoría de los casos, los furtivos operan amparados por la oscuridad, aunque también aprovechan acontecimientos televisivos de gran seguimiento, como partidos de fútbol, para intentar actuar con mayor impunidad.
Conocen al detalle los cambios de turno de los agentes de la zona y utilizan ese breve intervalo para acceder a las fincas sin permiso del propietario. Lo hacen escalando o dañando el cerramiento perimetral con herramientas como alicates o cizallas y, casi siempre, con la colaboración de terceras personas encargadas de la logística, la vigilancia o el traslado. Mantienen comunicación constante por teléfono, generalmente mediante aplicaciones de mensajería, y ejecutan un plan previamente diseñado en el que participan varias personas con un objetivo común: la consumación del delito.
Muchos furtivos acumulan antecedentes por delitos contra la fauna y tienen las licencias de armas revocadas, por lo que es habitual que sean juzgados también por tenencia ilícita de armas. Suelen emplear rifles monotiro de pequeño calibre, desmontables, equipados con silenciadores y visores nocturnos. La destreza con la que cortan los trofeos es notable y no es extraño que los oculten fuera de la finca, en cunetas o zonas accesibles, donde los dejan reposar para recogerlos días después con vehículos que actúan como lanzadera.
Comienza la investigación
Ante la creciente sofisticación de los métodos empleados por los furtivos, tanto el SEPRONA como los agentes medioambientales y forestales han reforzado sus conocimientos y recursos. Utilizan dispositivos térmicos y de visión nocturna, en ocasiones procedentes del decomiso a otros furtivos y empleados previa autorización judicial. No es raro recurrir a cámaras de fototrampeo, aunque sorprender a los autores in fraganti resulta especialmente complicado, en parte porque muchos son viejos conocidos de los agentes.
La aparición del cadáver del animal es determinante para la investigación: la realización de la necropsia revela la causa y la data de la muerte y, en numerosos casos, se encuentra en su interior el proyectil utilizado, que se remite al departamento de balística de la Guardia Civil junto a otros indicios como casquillos o armas intervenidas durante la inspección ocular.
No, esto no es CSI
El informe balístico aporta datos decisivos como el calibre empleado o la correspondencia del arma que efectuó el disparo tras comparar las muestras analizadas. Cuando el trofeo se localiza en posesión del furtivo, el contraste de ADN realizado por la Guardia Civil confirma la coincidencia con el cadáver decapitado hallado en la finca. Del mismo modo, se pueden analizar restos biológicos presentes en cuchillos o hachas usados para cortar el trofeo. Aunque pueda parecer ficción, estas diligencias son habituales en la investigación de delitos contra la fauna en España.
Cuando existen indicios suficientes, los jueces pueden autorizar registros domiciliarios, geolocalización de teléfonos, volcado de información de dispositivos electrónicos o acceso a registros de llamadas. El resultado acostumbra a ser contundente: trofeos intervenidos, coincidencia entre la ubicación del móvil del sospechoso y las coordenadas del delito, fotografías o vídeos posando con los animales abatidos y comunicaciones con colaboradores.
En los casos en que existen sospechas fundadas de actuación en grupo, se puede autorizar la intervención de comunicaciones a través del sistema SITEL, donde resulta llamativo comprobar cómo los investigados hablan en clave sobre sus próximos objetivos.
El papel del abogado
El papel que desempeño en este tipo de procedimientos nunca es sencillo. Siempre que el sumario no se encuentre bajo secreto, intento ser lo más activo posible en la fase de instrucción, solicitando las diligencias de prueba que considere necesarias para defender los intereses de mi representado. La investigación suele generar voluminosos tomos de documentación, con atestados, informes periciales y declaraciones que debo conocer con precisión.
En los días previos al juicio dedico largas sesiones a preparar las preguntas que dirigiré a acusados, testigos y peritos. Si actúo como acusación particular o popular, planteo cuestiones que permitan apreciar contradicciones entre las declaraciones; si defiendo a un investigado, mi estrategia se centra en construir un relato sólido y coherente, apoyado en pruebas directas o indiciarias que puedan sostener una sentencia absolutoria, al menos bajo el amparo de la presunción de inocencia. Recuerdo con frecuencia aquella frase que un compañero ya jubilado me dijo un día: «Lo complicado no es llevar la razón, sino que te la den».
El día del juicio
En los pasillos del juzgado, un banco separa a la víctima del acusado. Los abogados intentamos tranquilizarles sin demasiado éxito. Frente a ellos, los agentes que redactaron el atestado conversan uniformados, mientras los peritos revisan sus informes y los testigos llegan poco a poco. El funcionario anuncia la entrada a la sala y las partes acceden con sus letrados. En estrados esperan el juez y el fiscal. El juicio comienza con solemnidad y se prolonga durante varias horas hasta que se practican todas las pruebas y el juez pronuncia el habitual «visto para sentencia».
Semanas después, la resolución —condenatoria o absolutoria— se notifica a las partes. Al menos una de ellas quedará disconforme y su abogado deberá estudiar la posibilidad de recurrir en apelación. Y así, como siempre en estos procedimientos, seguimos.