fbpx

¿Podrá seguir cazándose el conejo tras declararlo especie en peligro de extinción?

Jara y Sedal

Nuestro experto colaborador en derecho cinegético, Jaime Valladolid, analiza la reciente declaración del conejo como especie en peligro de extinción y qué va a suceder con su caza.

16/12/2019 | Jaime Valladolid. Abogado especializado en Derecho Rural y Medioambiental | www.jaimevalladolid.es

Conejo. / Shutterstock

Hace apenas unos días, la noticia saltaba a los medios de comunicación como una bomba: “El conejo, declarado en peligro de extinción”. Y entonces, todos comenzamos a preguntarnos lo mismo: ¿y ahora qué? ¿Cómo afectará esta declaración a la gestión cinegética del lagomorfo?

En primer lugar, es necesario realizar ciertas aclaraciones previaa fin de no precipitarnos en efectuar una valoración al respecto.

1.- ¿Quién ha declarado al conejo “en peligro de extinción”? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se trata de una “unión de miembros” compuesta por estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil cuya finalidad es aportar conocimientos científicos y ofrecer recomendaciones para “fortalecer los esfuerzos de conservación a nivel mundial”. Es decir, son las 1.300 organizaciones integrantes las que aportan sus conocimientos, estudios, sugerencias, etc. a fin de que sean consideradas por los poderes públicos en el desarrollo de sus políticas medioambientales.

2.- ¿Y en qué norma se incluye? En ninguna. Simplemente es un listado, denominado Lista Roja de Especies Amenazadas, que no es directamente aplicable ni tampoco vinculante para los poderes púbicos en su labor legislativa. Es decir, no es fuente de Derecho, como sí lo serían el Derecho Comunitario o el Derecho Internacional, y tiene un carácter meramente consultivo.

3.- ¿Quiénes integran la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)? Tanto entidades públicas como organizaciones de carácter privado. Por ejemplo, el Comité español está compuesto por varios gobiernos autonómicos -como el Gobierno de Canarias, la Junta de Andalucía, la Generalitat de Catalunya, el Gobierno Vasco o la Xunta de Galicia-, también por instituciones públicas de ámbito nacional -como el Ministerio para la Transición Ecológica y la Fundación Biodiversidad- y, en su gran mayoría, por organizaciones “ecologistas”, como WWF España, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Fundación Oso Pardo, Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, etc. Respecto a las organizaciones que representan al sector cinegético en la UICN, nos encontramos con la Federación de Asociaciones de Caza y Conservación de la UE (FACE).

Por lo tanto, aclarado que la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN no es fuente de Derecho, cabe ahora preguntarse si la introducción del conejo europeo en la misma podría tener repercusiones a corto o a largo plazo en la gestión cinegética de esta especie.

En el caso de España, la competencia en esta materia recae sobre las comunidades autónomas, aunque sí es cierto que, a nivel nacional, nos encontramos con varios Reales Decretos que regulan los listados de especies silvestres en régimen de protección especial y el catálogo de especies amenazadas en nuestro país. Sin embargo, esta legislación nacional de carácter medioambiental tiene su origen en lo preceptuado en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que, a su vez, transpone lo dispuesto en las Directivas comunitarias (principalmente Directiva de Hábitats y Directiva Aves).

No obstante, las comunidades autónomas también cuentan con sus propios catálogos regionales de especies amenazadas. Y es precisamente en estos catálogos donde existe una mayor discrecionalidad a la hora de declarar una especie como amenazada y, por ende, de establecer algún régimen de protección específica sobre la misma en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. En la mayoría de estos catálogos sí que se fundamenta la imposición de medidas de protección en las recomendaciones ofrecidas por la UICN. Así, por ejemplo, en su día se propuso la total protección de la lagartija de Carbonell (Podarciscarbonelli) en Extremadura justificándose del siguiente modo: “Esta especie estuvo hasta hace poco tiempo considerada como una subespecie de la lagartija de Bocage, por lo que su descripción es relativamente reciente (1981), siendo actualmente unánime su consideración como una especie propia. Estos son los motivos que justifican que no esté incluida todavía en figuras de protección legales (anteriormente estuvo incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura como lagartija de Bocage). Siguiendo la recomendación de la UICN, se propone la figura de En Peligro de Extinción de la especie en Extremadura, al tener su área de distribución mundial menos de 5.000 kilómetros cuadrados”.

Por su parte, el Gobierno asturiano también confeccionó en su día un “Libro Rojo de Fauna del Principado de Asturias” que precisamente utiliza los mismos criterios y categorías establecidos en la Lista Roja de la UICN. Es cierto que este Libro Rojo tiene un carácter meramente consultivo, frente al del Catálogo que es legal, pero sí cuenta con un gran peso científico a la hora de establecer o actualizar medidas normativas concretas de protección sobre una especie, como así ocurre en el propio Catálogo o en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias -marco en el que precisamente se elaboró este Libro Rojo de Fauna-.

Además, partiendo de estos catálogos regionales, que en muchas ocasiones toman como referencia estos libros rojos, el Gobierno de España puede actualizar sus listados o catálogo de especies, blindando así su protección.

¿Pero un Catálogo Regional de Especies Amenazadas ha de coincidir plenamente con las conclusiones a las que llega un Listado o Libro Rojo como el de la UICN?

La respuesta es no. No es lo mismo un catálogo de especies amenazadas que un libro rojo. Es el primero un texto legal que necesita una redacción medida y precisa porque obliga a su cumplimiento estricto, mientras que el segundo goza de un formato más libre y más flexible cuya autoridad es antes moral que imperativa, porque su valor reside en los datos que aporta y en las razones que aduce, lo que no excluye la crítica reflexiva en un terreno que continuamente cambia y se adapta para buscar nuevas soluciones a nuevos o antiguos problemas.

Es cierto que ha de tenerse en cuenta la situación y la valoración de los taxones a nivel mundial y estatal, perspectiva necesaria para poder tener una visión realista, dado que las comunidades autónomas, pertenecientesbiogeográficamente a otras regiones, presentan intrusiones de especies en un medio poco propicio para ellas. Pero también debe tenerse en cuenta que no es lo mismo que un taxón sea muy abundante en una determinada comunidad autónoma o escaso en la misma y también en el resto de España o de Europa o que un taxón sea escaso esa comunidad pero muy abundante a pocos kilómetros de su límite administrativo. Sin duda, estos criterios, que no se utilizan en el Listado Rojo de la UICN sí que han de ser considerados a la hora de incluir a una especie en un catálogo regional.

¿Cómo puede utilizarse la declaración del conejo como “especie en peligro de extinción” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN?

Muy a menudo, las organizaciones “ecologistas” que impugnan ante los tribunales actos administrativos o disposiciones normativas que regulan la caza de ciertas especies fundamentan la nulidad de las mismas en la carencia de soporte científico que aconseje su aprovechamiento cinegético.

Aunque, como se ha expuesto con anterioridad, esta Lista Roja no tiene carácter legal, a buen seguro que estas organizaciones “ecologistas” incluirán entre sus argumentaciones esta nueva circunstancia en sus estrategias procesales, de tal suerte que las comunidades autónomas habrán de incidir en que, como hemos explicado, la verdadera fuente de Derecho, basada en criterios científicos aplicados a la idiosincrasia y situación de la población de lagomorfos presente en esa región concreta, es su Catálogo de Especies Amenazadas y en ningún caso un listado rojo que únicamente tiene carácter consultivo y ofrece una radiografía de la especie a nivel mundial o estatal pero que en ningún caso refleja la situación real de su población en esa determinada comunidad.

De hecho, los criterios establecidos por la UICN ya han sido utilizados por estas organizaciones para lograr restringir el aprovechamiento cinegético y piscícola de ciertas especies consideradas exóticas e invasoras en virtud de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

¿Debemos tener algún temor a que en España se declare al conejo como especie protegida?

En la actualidad existen territorios o comarcas en los que el conejo se ha llegado a declarar “plaga”, estableciéndose áreas de emergencia cinegética a fin de paliar sus daños a los cultivos. Por supuesto, en el caso de que el conejo se declarase especie protegida, las administraciones públicas habrían de asumir su responsabilidad patrimonial por los daños que produjeran (art. 106.2 CE), y ello en virtud precisamente del carácter protegido y no cazable de la especie, tal y como viene señalando la doctrina jurisprudencial al respecto. Por lo tanto, resulta difícil que, a día de hoy, y atendiendo a los cuantiosos daños que viene produciendo, la Administración opte por declarar al conejo como especie protegida. 

Deja una respuesta