Por Luis Fernando Villanueva, director de Fundación Artemisan.
Desde el 25 de octubre España ha vuelto al estado de alarma. Esta segunda ola de expansión de la pandemia de coronavirus en España ha provocado el establecimiento de confinamientos perimetrales en más de 1.700 poblaciones de todo el país. Además, esta restricción se aplica a nivel de todo el territorio en 15 comunidades autónomas, afectando a 38,8 millones de personas, más de un 82 % de la población española, siendo las propias CCAA las encargadas de decretar confinamientos locales o a nivel comunitario, incluso limitando la entrada y salida de ciudadanos de otros territorios
Todo ello ha provocado la paralización de multitud de actividades que son claves para el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Una de ellas es la caza. ¿Estamos hablando de una medida en aras de seguridad o se trata de preceptos puramente ideológicos?
La pasada semana nuestra clase política podía ir a un restaurante con 150 personas en un local cerrado. Podemos ir con la familia al cine, dejando un asiento libre, pero sin mascarilla si queremos comer palomitas. Acudimos al lugar de trabajo, donde las distancias de seguridad dependerán de la economía de empresa y de las posibilidades de adaptación. Nuestros hijos pueden ir al colegio con 24 compañeros más, porque no ha habido, desde primavera, tiempo material para reorganizar y estructurar las clases por grupos. Podemos asistir a un gimnasio…
…sin embargo ninguna persona puede desplazarse a una región, provincia o municipio que haya sido cerrado perimetralmente (si no resides dentro de él) a ejercer una actividad cinegética en un espacio al aire libre. ¿Dónde está el peligro?
¿Piensan que en las actividades sociales en torno a la caza?: si es así, ya se han prohibido por prácticamente todas las CCAA. ¿En las pernoctas? Establezcan medidas y prohíbanlo para los que residen en esa región. ¿Acaso ven un peligro en el posible contacto dentro del casco urbano con otros vecinos? No ocurre en estos momentos, pero prohíbanlo si eso les tranquiliza. Desarrollen las medidas oportunas, pero regulen la caza en este periodo de pandemia.
Es muy posible que la sociedad urbana, tan “sensible” con la conservación de bolsillo, desconozca el papel de la caza para la gestión de nuestro medio natural. En España se abaten más de 800.000 piezas de caza mayor, entre jabalí, ciervo y corzo principalmente. Y más de 6 millones de conejos, por poner un ejemplo de la fauna menor. Este año, entre los precios de la carne de caza, la crisis y la propia situación, antes de los cierres perimetrales, se calculaba un descenso de un 30-35% de la actividad.
Con los cierres perimetrales ese porcentaje se verá incrementado. No duden que se dejarán de cazar cerca de medio millón de ungulados, por poner un ejemplo; medio millón que en la temporada siguiente se convierten directamente en 1,5 millones de piezas de caza que se sumarán a las ya existentes. Todo un dislate y una barbaridad que provocará unas densidades muy superiores a la capacidad de carga de cualquier territorio, además de elevar exponencialmente las siguientes cifras de temporadas anteriores:
1) En España se producen cerca de 10.000 accidentes de tráfico producidos por jabalí y corzo.
2) Más de 1000 siniestros agrícolas producidos por fauna cinegética, el 12% del total.
3) La interacción de jabalíes y ciervos como reservorio de enfermedades zoonóticas como la tuberculosis, donde el gobierno invierte cada año más de 30 millones de euros en la reducción de sus prevalencias.
Y si esto no es suficiente, pregunten a los ganaderos de porcino o a las industrias del jamón sobre las consecuencias de la entrada en España de la peste porcina africana, en un país donde las poblaciones de jabalí están disparadas.
Parece que la línea ambiental y sanitaria es la que más duele, o simplemente se entiende mucho mejor, pero pongamos sobre la mesa el drama que viven las zonas rurales. Nos referimos a la “España vacía” de la que todo el mundo habla pero por la que muy pocos apuestan.
Esta regulación de caza en tiempo de pandemia debe de activar la economía rural que depende en gran medida de la renta directa y el complemento que la actividad cinegética genera en esos municipios. ¿Por qué pueden entrar y salir centenares de miles de personas de Madrid a trabajar desde o hacia regiones limítrofes y no se puede activar la economía rural permitiendo la caza, una actividad al aire libre?
Que los vascos puedan buscar la pasa de la paloma en Castilla y León, acudir los gallegos al centro peninsular a sus zapeos conejeros, los levantinos y andaluces a cuchichear con su reclamo, que los madrileños puedan montear los fines de semana o que los extranjeros puedan venir a los ojeos de perdiz que tantas decenas de miles de jornales generan en nuestros pueblos.
Una sola de estas cifras que hemos mencionado anteriormente, una sola, tendría que ser motivo suficiente para tomar medidas. Todas juntas nos hacen concluir que priman razones ideológicas, o complejos, o ambas cosas. Quién sabe.
Y cuando digo que esto es una cuestión de ideologías, no se confundan. Porque, hasta ahora, de los diferentes partidos políticos que han gobernado a nivel de Estado o de CCAA, ninguno se ha atrevido a hacer una apuesta seria y decidida sobre la caza. La mayoría de ellos por complejos, retraídos por aquello de qué pensará el resto de la sociedad.
No hay más ciego que el que no ve, o el que no quiere ver. Hasta ahora sólo Castilla-La Mancha ha anunciado oficialmente que lo está estudiando, pero con eso no es suficiente. Veremos si en los próximos días alguien tiene un mínimo de sensatez, buena falta hace.
O preferirán permanecer sentados de brazos cruzados, esperando, hasta que sea demasiado tarde. Hasta que tengan que anunciar inversiones millonarias en ayudas a agricultores que hayan visto destrozadas sus tierras, a negocios del mundo rural que hayan tenido que cerrar sus puertas, a proyectos de recuperación de un medio ambiente asfixiado por sobreabundancias, a vacunas y tratamientos para enfermedades zoonóticas descontroladas… inversiones que tardarán o que nunca llegarán. Y todo ello por falta de valentía, por no tomar decisiones, por no entender que la caza es una actividad esencial, que el colectivo sí ha hecho los deberes durante estos meses para garantizar su seguridad y la del resto de la sociedad y que estamos preparados para seguir cuidando de nuestros montes, de nuestros campos y de nuestra España rural.
Y usted, ¿va a ser valiente?