Zamora // Vecinos de Fresno amenazan con pedir daños y perjuicios a la Junta por el coto

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La Junta de Montes de Mano Común de Fresno de la Carballeda ha remitido un nuevo escrito a la Junta de Castilla y León en el que manifiesta que si se sigue permitiendo la caza y, al concluirse el expediente, el coto no pudiera ser legalizado, exigirá a la Administración regional el pago de los daños y perjuicios derivados de la práctica ilegal durante años.

05/02/2014 | La Opinión de Zamora

Los propietarios de gran parte de los terrenos donde se ejerce la caza insisten en que debe suspenderse cautelarmente la actividad cinegética mientras no se resuelva el expediente que debe establecer la titularidad de los derechos del coto y van más allá al afirmar que el coto jamás podrá ser legalizado porque no se cumplen los requisitos exigidos con arreglo al decreto de 1998. El mínimo exigido para la creación de un coto son 500 hectáreas. Excluidas las 274,5 que reclaman los propietarios de la Junta de Montes y particulares, la superficie en la que se podría llevar a cabo la actividad de caza quedaría reducida a 428,05 hectáreas.

De esa superficie habría que descontar los caminos públicos y arroyos que no computan y que, según el documento registrado en la Junta, están incluidos en el coto.

Además, argumentan, que la conformación singular del monte comunal determina que las hectáreas computables aún se reduzcan más, ya que aparecen zonas enclavadas y no continuas que no pueden ser tenidas en cuenta. Una de las exigencias a la hora de constituir un coto es que las parcelas tengan continuidad entre sí. No puede haber zonas enclavadas o aisladas del resto. Sin embargo, a la vista del plano de la zona, una vez excluidas las parcelas en conflicto, el coto «queda reducido a la mínima expresión. Es decir, se sabe que no se puede legalizar y a pesar de ello se sigue permitiendo la caza y perjudicando a los propietarios afectados».

La Junta de Montes también manifiesta su total sorpresa por la superficie a la que pretendidamente se pretende ampliar en el segundo de los expedientes que obran en poder de la Administración regional, remitidos por el Club San Bartolo. Las parcelas para las que se pide la ampliación del coto ascienden en total a 1.064, pero a fecha de 2014 y según las fichas catastrales, todo el monte de Fresno ocupa solo 835 hectáreas. Los propietarios sospechan que en la ampliación se han computado terrenos que fueron anegados por el embalse de Valparaíso y que, por tanto, ya no existen como tales. La superficie del coto, según la Junta de Montes, incide directamente en el número de precintos que pueden retirarse para cazar.

Con todo lo que ha salido a la luz en los últimos días, los vecinos dicen sentirse «indignados» y se preguntan sobre «qué oscuras motivaciones puede haber para que el expediente no se haya resuelto». Señalan que el coto de Valparaíso, gestionado por la misma persona que figura como arrendatario del de Fresno. Se resolvió en el año 2008 mientras ellos siguen esperando una respuesta desde hace ocho años.

Censuran, asimismo, la actitud de la Junta de Castilla y León y la consideran «un atropello, ya que, en condiciones normales, cuando la Administración observa que puede haber algún problema, lo que hace es suspender el aprovechamiento hasta que se resuelva el expediente. Sin embargo, en este caso, a pesar de que hay numerosas dudas sobre la viabilidad del coto y sobre la superficie, no se ha dudado en autorizar la caza sin resolver el expediente, de ahí la petición de suspensión cautela».

Los vecinos han encargado a un bufete de abogados de Madrid especializado en derecho Administrativo el estudio del expediente, a fin de que estudie el inicio de acciones judiciales contra la Administración regional en caso de que se concluya que el coto no es legalizable. En dichas acciones, los vecinos reclamarían «daños y perjuicios» derivados de la actuación administrativa al haber permitido la caza en un acotado que nunca podrá conseguir ser legalizado.

También anuncian la presentación, en próximos días, de nuevas alegaciones de particulares que solicitan la exclusión de su fincas como enclavadas. Además de la vía penal, por tanto, proseguirán con todas las actuaciones que consideren oportunas a nivel administrativo sin descartar pedir amparo directamente al consejero de Medio Ambiente para pedir que se ordene el cierre del expediente.


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