Reclaman 180.000 euros y dos años de prisión por la muerte del lince de Grazalema

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Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular en el único caso judicializado por la muerte de un lince ibérico reintroducido, reclama dos años de prisión y 180.000 euros por un delito contra la fauna para J.J.M.T., administrador y titular único de Adin Inversiones que gestiona el coto intensivo de caza en el que murió el lince.

08/07/2014 | Lanza Digital | Belén Rodríguez

De nombre Grazalema, este ejemplar, reintroducido dentro del programa Iberlince, murió de deshidratación (golpe de calor) en agosto de 2011 en una caja trampa en la finca Barranco de la Gomera de Castellar de Santiago, para cuya colocación ese coto no tenía autorización.

Aunque en un primer momento la asociación conservacionista iba contra el guarda que colocó la trampa, contra el dueño e intentó determinar qué responsabilidad había tenido la Junta de Comunidades en la colocación de este método de eliminación de predadores, “al final sólo tenemos pruebas contra el dueño del coto que ordenó la colocación de la trampa”, explica Carmen Daimiel, la abogada de los ecologistas.

En la calificación provisional de hechos que Daimiel ha remitido al juzgado de Valdepeñas que instruye el caso, se pide también una indemnización de 180.000 euros a repartir entre los gobiernos de Andalucía y Castilla-La Mancha, por el perjuicio de la muerte del animal, en peligro de extinción y objeto de un costosísimo programa de reintroducción sufragado con fondos europeos.

Precisamente está semana se han soltado tres ejemplares de lince en Almuradiel, los primeros en Ciudad Real.

Grazalema, una hembra nacida en cautividad como los ejemplares de esta semana, se liberó en Guarrizas (Jaén) y había logrado cruzar la frontera. El juicio, en los juzgados de lo Penal, no tiene fecha.


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