País Vasco // El final de una pesadilla legal

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes 4 de octubre y remitió al Congreso de los Diputados el proyecto de reforma de la Ley de Tráfico, consensuada en diferentes aspectos con la Oficina Nacional de la Caza (ONC) y que recoge la modificación de la Disposición Adicional Novena, que actualmente hace que los acotados deban pagar los daños causados en la gran mayoría de los supuestos en los accidentes de tráfico ocasionados por las especies de caza salvajes.

17/10/2013 | Deia

Una barbaridad legal, seguramente única en todo el mundo, por la que se hace responsables de estos accidentes a los titulares de los cotos y, de rebote, a sus cazadores. Obviando el principio legal de rex nulius, esto es, cosa de nadie, y es que una pieza de caza mayor no tiene dueño hasta que es abatida o capturada, muchísimas denuncias por accidentes de tráfico con jabalíes, corzos o ciervos, van directamente contra los acotados en cuyas carreteras colindantes se producen los percances, se entiende que culpabilizando al animal y al gestor del acotado próximo.

Ello ha obligado al abandono de muchos cotos debido a las altas indemnizaciones a pagar por los siniestros, además del aumento desproporcionado de las pólizas de los seguros en las zonas más conflictivas. Una situación injusta que también afecta a los muchos cazadores vascos que gestionan cotos o, la mayoría, que forman parte de sociedades con terrenos acotados, como los de Araba y Nafarroa, o en las comunidades más próximas como ambas Castillas, Cantabria, La Rioja o Aragón. La nueva normativa será aprobada en Cortes y publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales del presente ejercicio o a comienzos del próximo año. Así, según manifestaban desde la Oficina Nacional de la Caza, el texto final quedará redactado de la siguiente forma: “En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquellas”.

CAMBIOS El nuevo articulado consensuado añade que: “No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido veinticuatro horas antes de aquel. También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”.

Uno de los artífices de esta modificación es Juan Antonio Sarasketa Leguina, presidente de Adecap, Asociación para la Defensa del Cazador y Pescador, y también al frente de la Oficina Nacional de la Caza. Tras muchas reuniones en Madrid realizadas en los últimos años, de las que hemos ido dando cuenta en estas páginas, el eibarrés afincado en Durango asegura que la modificación supone “una reivindicación histórica del sector, con la que llevábamos veinte años a vueltas” de una injusticia evidente que “ha llevado a la ruina o al abandono a muchos acotados”.

No sin resaltar la buena receptividad obtenida, además de con el Ministerio de Agricultura, también con los distintos grupos políticos vascos, todos, con representación parlamentaria en Madrid. Sarasketa ya avisó en Dima, durante la fiesta del cazador anual de Adecap, que este año llegarían novedades positivas para el colectivo. En su agenda sigue la situación de la perdiz roja, la armonización de las órdenes de veda, que podría permitir cazar la paloma torcaz en Euskadi hasta final de febrero, o las preocupaciones sobre una agricultura más sostenible de cara al futuro. Pero eso llegará posiblemente con la futura Ley de Montes.


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