Madrid // El Gobierno elude pronunciarse sobre la necesidad de destinar dinero público a un pabellón de caza para Zarzuela

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El Gobierno de Mariano Rajoy ha eludido pronunciarse sobre la necesidad o utilidad de destinar dinero público a la construcción por parte de Patrimonio Nacional de un pabellón de caza para la Casa Real, y ni siquiera precisa el coste de las obras, pese a que en su día la institución dijo haber invertido 3,4 millones de euros.

12/05/2014 | Europa Press

Los diputados de IU Alberto Garzón y Joan Josep Nuet registraron una batería de preguntas en el Congreso a finales del pasado mes de diciembre pidiendo al Gobierno que confirmara o desmintiera la construcción en 2007 de dicho pabellón y que especificara el coste completo de la misma.

Pero, además, le instaban a pronunciarse sobre si el Gobierno entendía “necesario o útil” que el dinero público se destine a la construcción de un edificio de tales característica, si pensaba que la citada obra entraría dentro de las partidas que “justificarían” el manteniendo de la Familia Real “a cargo de todos los ciudadanos” e incluso Nuet le planteaba si tenía previsto detraer del presupuesto de la Casa del Rey Real el coste de dicho pabellón.

CONSTRUIDO ENTRE 2007 Y 2009

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo se limita a certificar la construcción de dicho pabellón de caza, cuyas obras se llevaron a cabo en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009 y que está ubicado en el espacio gestionado por Patrimonio Nacional, ya que se encuentra en el Monte de El Pardo, Delegación El Pardo-Zarzuela.

Y explica que, como parte de sus competencias, fue Patrimonio Nacional el encargado de la obra, con cargo a su presupuesto, “como ocurre con las obras que demanda la gestión de los espacios a cargo de sus delegaciones, de acuerdo con la Ley reguladora del Patrimonio Nacional”.

Sobre el resto de interrogantes, el Gobierno tan sólo apunta que la política presupuestaria se sustenta “en el interés general” y proclama que la Casa Real es una institución constitucional “apreciada y valorada” por los ciudadanos.


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