La Universidad de León investiga la causa de la muerte de un oso hallado en Quirós

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La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado ha encargado a Juan Francisco García Marín, catedrático de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, que haga la necropsia y los estudios radiológicos complementarios necesarios al cadáver del oso localizado anteayer en un prado cerca de la localidad quirosana de Cortes.

12/06/2014 | El Comercio Digital | M. MENÉNDEZ

En un primer momento, veterinarios y guardas de la Dirección General de Recursos Naturales comprobaron en el lugar del hallazgo que se trataba de un oso macho, de unos tres años de edad, que presentaba heridas en el cuello y en el pecho, aunque, según la consejería, «tras ese examen visual no se pudo determinar la causa de la muerte».

La directora general de Recursos Naturales, Fina Álvarez, explicó ayer que «desconocemos las razones de la muerte y, en consecuencia, para hacerle un estudio radiológico y una necropsia, esta mañana -por ayer- ha sido trasladado a León».

Pero los grupos ecologistas asturianos achacan la muerte del animal al furtivismo y aseguran que el encontrado ayer «se suma a las muertes conocidas de 19 osos más en lo que va de década en la Cordillera Cantábrica por furtivismo, envenenamiento, lazos, etcétera, aunque sin duda son muchas más, ya que la mortalidad ilegal es poco conocida y el furtivismo es contemplado con cierta tolerancia por el Gobierno del Principado», explicaron a través de un comunicado de prensa.

Los conservacionistas critican, además, «la pasividad de la que el Gobierno del Principado hace gala al tolerar estas prácticas» y recuerdan que hace poco que han prescrito dos casos similares en sendos parques naturales «por inoperancia de la administración».

Los ecologistas apuntan que se ha extendido el uso de cebos envenenados, lo que supone la «eliminación indiscriminada de la fauna», ya que afectan a especies depredadoras de todo tipo, pero resaltan que «este caso de Quirós es aún más escandaloso por estar dirigido hacia una especie catalogada ‘en peligro de extinción’ y haberse ejecutado en el interior de un parque natural».

La nota finaliza con la exigencia «a las administraciones de gobierno y judiciales actuaciones urgentes y decididas para perseguir con dureza estos delitos», y recuerda que, según el artículo 334.2 del Código Penal, un delito contra una especie en peligro de extinción «está penado con dos años de privación de libertad y la retirada del permiso de caza durante cuatro años».


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