La Ley de Caza de Castilla-La Mancha sigue su tramitación tras rechazarse la enmienda del PSOE

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La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, quiso subir ayer a la tribuna del salón de plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha para, una vez más, defender la nueva Ley de Caza que ha impulsado el Gobierno regional.

13/02/2015 | La Tribuna de Ciudad Real | S. GALA

Soriano consideró en primer lugar que era necesario adecuar la norma a las necesidades sociales y económicas de la región que han cambiado desde que se elaborara la anterior ley en este ámbito.
La consejera destacó que Castilla-La Mancha es una de las regiones más importantes en materia cinegética. En este sentido, aportó una serie de datos para demostrar la relevancia del sector, como que en la región existen 7,2 millones de hectáreas donde se ubican 5.800 terrenos cinegéticos, lo que supone que el 95% de la superficie de la comunidad es susceptible de ser objeto de esta actividad.
Asimismo, incidió en que un gran número de personas practica la caza en Castilla-La Mancha, de manera que se emiten 180.000 licencia al año en la región. Un sector que además cuenta con 6.500 empleos fijos directos y un número de jornales al año que superan los 1,6 millones y se genera una facturación anual de 600 millones de euros.
La titular de Agricultura puso especial hincapié en que la caza en muchos municipios de esta comunidad autónoma es uno de los elementos de arraigo poblacional más importante, y aseguró que lo que se pretende con esta ley es regular la actividad de una forma ordenada y sostenible así como respetuosa con el medio ambiente.
Soriano defendió que la norma es resultado de una participación pública «activa, intensa y transparente», ya que durante el período de alegaciones al proyecto 34 personas o entidades hicieron aportaciones que derivaron en 169 alegaciones.
En cuanto a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la consejera afirmó que parece denotar «o bien desconocimiento o bien intención de posicionarse junto a aquellos que están en contra de la Ley».
Del mismo modo, respondió a las miles de firmas presentadas por la Plataforma contra la ley de caza preguntando en qué artículo dice que se va a poder disparar a perros y gatos sueltos en el monte, o que se van a cerrar caminos públicos, o que se puede multar con hasta dos millones de euros a quien se salga de un camino por una necesidad fisiológica. Soriano dijo que todo ello es mentira y lamentó que los ciudadanos hayan sido «engañados» con este tipo de afirmaciones.

Por su parte, el portavoz socialista, José Luis González, pidió al Gobierno que retire la Ley y que se debata una nueva norma con consenso, puesto que reprochó a la consejera de Agricultura que en ningún momento durante la tramitación el Gobierno haya «tenido el valor de ponerse en contacto con el PSOE», y que sólo hayan hecho una «simulación de negociación» con algunos colectivos implicados.
Sea como fuere, González quiso dejar claro que el PSOE no está en contra de la caza sino a favor, y que lo que no comparte es el modelo «comercial» que consideran que recoge la nueva Ley de caza impulsada por el Ejecutivo del Partido Popular.
Por contra, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carolina Hernández, acusó a los socialistas de hacer «demagogia» y decir «mentiras» en torno a esta Ley.
La enmienda a la totalidad del PSOE quedó rechazada por los votos en contra del PP, con lo cual la Ley seguirá ahora su trámite con el debate de las enmiendas parciales.


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