Delegación de caza denuncia que la junta permite que los veterinarios de albacete actuén en contra de la caza social

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La delegación provincial de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha en Albacete ha denunciado hoy la pasividad que desde 2010 muestran los servicios periféricos de la Consejería de Sanidad en esta provincia al permitir que el Colegio de Veterinarios de Albacete actúe en contra de la caza social en los municipios.

El presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Juan de Dios García, ha dado a conocer el profundo malestar que las sociedades de cazadores de esta provincia tienen con la actitud del Colegio de Veterinarios que, de manera unilateral, ha decidido no respetar el acuerdo que existe para el resto de la región en relación a las tasas que se deben cobrar en batidas y ganchos de caza mayor.

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García ha recordado que el acuerdo alcanzado por el Colegio de Veterinarios de Castilla-La Mancha y la Federación de Caza de Castilla-La Mancha en 2010, sirvió para fijar en 200 euros el precio de las tasas veterinarias cuando el destino de las canales procedentes de las cacerías fuera el autoconsumo.

La decisión del Colegio de Veterinarios de Albacete de no respetar este acuerdo es inaceptable, según García, quién ha señalado que “supone incumplir un compromiso acordado y consensuado entre las partes”.

Ante esta situación, la delegación provincial de Caza de Albacete ha tomado la decisión de instar a las sociedades de caza que celebren batidas y ganchos de autoconsumo, a que soliciten los permisos pertinentes, pero, a contratar libremente con cualquier veterinario que esté dispuesto a ello, sin dirigirse al Colegio de Veterinarios de Albacete.

Para la Federación de Caza de Castilla-La Mancha no se entiende que el dentro del Colegio de Veterinarios no haya un criterio de actuación unánime, como tampoco, entienden que desde el Servicio Periférico de la Consejería de Sanidad no se pronuncia sobre el cobro de estas  tasas ( 350,90 € ya sea autoconsumo o comercial) que no figuran reflejadas en ningún documento oficial.

En su opinión de García  esta decisión lo único que hace es perjudicar a las sociedades de cazadores de los pueblos que, a la vez, por regla general son los que tienen menos recursos económicos.


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