Condenada a tres años y nueve meses por maltrato animal

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La presidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos (Málaga) ha sido condenada a casi cuatro años de prisión y deberá pagar una multa de 19.800 euros por delitos continuados de maltrato animal, falsedad documental e intrusismo laboral.

10/1/2017 | Redacción JyS

Carmen Marín, dueña de la protectora Parque Animal a la salida de los juzgados
Carmen Marín, dueña de la protectora Parque Animal a la salida de los juzgados

Carmen Marín, dueña de Parque Animal ha sido finalmente condenada por el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga por realizar sacrificios masivos desde 2008, según publica Onda Cero. En este tiempo se le atribuyen 2.200 sacrificios en los que se administraban productos eutanásicos en una baja dosis a los animales, por lo que se producían muertes lentas y agónicas.

Según la sentencia, está probado que la acusada “impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos” con la colaboración de un trabajador. Este trabajador también ha sido condenado a un año de cárcel por delitos de maltrato animal e intrusismo profesional, ya que tanto la presidenta como él realizaban los sacrificios sin supervisión veterinaria.

Además, según la orden judicial, los sacrificios “no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud del animal o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados”, tal y como señala la sentencia.

Por otra parte, el juez ha señalado que el número masivo de sacrificios tanto de perros como de gatos, tenían una finalidad “lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos, cobrando una aportación por cada animal”.

Finalmente, el magistrado no ha considerado probado que Marín firmara recetas a nombre de los veterinarios ni tampoco certificados de eutanasia ni que los expidiese de su puño y letra. Aunque sí se ha probado que presentaba listados manipulados de animales junto con las facturas por su incineración para que el Ayuntamiento las abonara. Estos listados aseguraban una intervención veterinaria que nunca llegó a existir.


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