Asturias // Cuatro Jueces y Fuentes recurren la adjudicación de los cotos de Villaviciosa

¿Lo compartes?

Lejos de alcanzar la normalidad deseada el mes pasado por la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, la trama creada en torno a la adjudicación de los cotos de caza de Villaviciosa sigue enquistada y está llamada a terminar en los tribunales.

17/10/2013 | El Comercio Digital

El último movimiento lo han llevado a cabo Javier Villamandos y José Madiedo, presidentes de las sociedades Cuatro Jueces y Fuentes, no adjudicatarias frente a la Asociación de Cazadores El Portal en el proceso de licitación de los cotos de Cordal de Peón y Valdediós. El pasado jueves presentaron un recurso de reposición contra la resolución de la consejería y piden su suspensión, ya que consideran que «atenta directamente contra nuestro ordenamiento jurídico y que no es conforme a derecho».

Ambas sociedades argumentan que «no conocemos ni entendemos cuáles pueden ser los motivos de la adjudicación a El Portal. No se señala en qué basan la forma y los criterios para puntuar ni la puntuación conseguida por cada licitante», explican.

Asimismo, los dos presidentes avisan de que, «en caso de que no sea resuelto favorablemente el presente recurso, nos veremos obligados a ejercitar las acciones legales oportunas». Una advertencia a la que también se ha sumado el sindicato Manos Limpias, al que se han afiliado. «Existe una presunta trama de corrupción latente en la adjudicación de los dos cotos de caza de Villaviciosa», apunta José Alfredo García, coordinador regional del sindicato, quien añade que «la prevaricación, malversación de caudales públicos, enchufismo y amiguismo están por bandera por todo lo alto».

Por otra parte, dentro del recurso de reposición, Villamandos y Madiedo piden que testifique uno de los guardas despedidos el pasado mes de marzo por El Portal y que presentó a la mesa de adjudicación un escrito en el que solicita la exclusión del colectivo de la licitación «ante la manifiesta insolvencia y conforme al auto judicial en el que se admite a trámite la declaración de la sociedad en concurso de acreedores».

Indemnización por despido

En este punto, se unen dos historias que hasta ahora discurrían paralelas. El guarda, junto a otros dos compañeros, fue despedido tras cinco expedientes de regulación de empleo consecutivos. En la carta de despido, El Portal reconocía «una total falta de ingresos y números rojos», por lo que aseguraba que no podía hacer efectiva por falta de liquidez la indemnización que le correspondía al trabajador. El guarda decidió entonces recurrir a los tribunales y el pasado 19 de septiembre, el magistrado-juez del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, Jairo Álvarez-Uría, condenó a la asociación de cazadores a readmitir o a indemnizar al extrabajador con 44.321,85 euros por despido improcedente.

El propio guarda confirmó a EL COMERCIO que el colectivo ha optado por la indemnización y que tiene hasta finales de mes para abonar el dinero. Asimismo, recordó que aún cuenta con un proceso abierto en el que reclama más de 14.000 euros a El Portal en concepto de cantidades pendientes. En los últimos años, el colectivo ha tenido que indemnizar a cuatro trabajadores por despidos improcedentes.

La posible insolvencia de El Portal es otro de los puntos calientes del proceso. Villamandos y Madiedo mantienen que «los hechos están probados por una sentencia, por lo que el certificado firmado por el secretario de El Portal diciendo que se encuentra al corriente de pagos debe considerarse falso y, por tanto, nulo de pleno derecho». Sin embargo, la consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, María Jesús Álvarez, ya ha firmado la resolución que convierte en definitiva la adjudicación de los cotos, por lo que el colectivo habría recuperado liquidez y saldado las cuentas pendientes con la Tesorería General de la Seguridad Social -a la que debía 10.619,52 euros en marzo-, además de presentar los planes técnicos de caza.

«Nos parece de extrema gravedad que la mesa de Adjudicación disponga de una información en la que la propia adjudicataria reconoce una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social y una situación de total insolvencia y no compruebe estos hechos», destacan Villamandos y Madiedo, que añaden que «la administración dicta resoluciones a sabiendas de su arbitrariedad e injusticia».


¿Lo compartes?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *