Aragón // La Guardia Civil detecta cinco cazadores furtivos

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil localizó el pasado día 5 de abril en dos cotos de la zona del Maestrazgo y la Sierra de Arcos a cinco cazadores que carecían de la preceptiva autorización.

17/04/2014 | Heraldo.es

Los agentes habían organizado varios dispositivos para la prevención del furtivismo, uno de los cuales dio como resultado la detección de esas cinco personas.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado, los agentes percibieron diversas infracciones a la Ley de Caza. Además de la carencia de las licencias necesarias, los furtivos no usaban los precintos obligatorios y transportaban las piezas abatidas ilegalmente sin los debidos permisos para el transporte.
Armas y una cabeza de cabra
La Guardia Civil se incautó de varias armas largas, miras telescópicas, más de 20 precintos de caza mayor del Gobierno de Aragón y una cabeza de cabra montés (Capra Pyrenaica) que los cazadores furtivos pretendían llevarse como trofeo.

Por otro lado, el pasado mes de marzo, el SEPRONA de Alcañiz, junto con los agentes de protección de la naturaleza del Gobierno de Aragón, tuvieron conocimiento de que unos cazadores, durante una batida autorizada para jabalí, habían dado muerte a varios ejemplaresa de cabra montés. La Guardia Civil aclara en la nota hecha pública que la caza de esta especie cinegética requiere de la concesión previa de una autorización administrativa expedida por la DGA, de la cual los cazadores carecían, por lo que estaban cometiendo una infracción. Una investigación permitió localizar a los individuos e intervenir la cabeza de otro ejemplar de macho de cabra montés que se llevaban como trofeo.
La caza de sarrio, cabra montés, ciervo, corzo, gamo y muflón, sin contar con las autorizaciones necesarias o transgrediendo las condiciones que deben cumplirse para el ejercicio de esta actividad, supone una infracción muy grave a la Ley de Caza de Aragón. Por ello, la Guardia Civil advierte de que los supuestos autores de la caza ilegal se enfrentan a un procedimiento sancionador que implica multas que pueden ir desde 3.000 hasta 60.000 euros, incluyendo la prohibición de practicar la caza en el plazo de uno a cinco años.


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